Durante el gobierno kirchnerista las políticas públicas adolecieron de una mirada de género y el resultado es un marcado incremento de la desigualdad. 

En cada política o programa de todas las áreas del gobierno deben incluirse las preguntas: ¿las mujeres se benefician? ¿Tienen posibilidades reales de ejercicio ? ¿Necesitan de un apoyo adicional? ¿Realmente mejoraron la calidad de vida de las mujeres y la equidad respecto de los varones?

La idea de paridad articulada a otros conceptos como el de igualdad real y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas públicas y privadas, promueven en su conjunto un esfuerzo por construir un nuevo modelo de convivencia. 

UNA DÉCADA PERDIDA PARA LAS MUJERES

A pesar de que los problemas de género nunca fueron una preocupación de Cristina Fernández de Kirchner, la llegada de una mujer a la Presidencia de la Nación despertó enormes expectativas. Contaba con importantes herramientas: un 40% de parlamentarias, un plexo normativo de leyes sancionadas con muchas dificultades por las parlamentarias, y una economía que permitía avanzar en la siguiente etapa, la de la efectivización de los derechos, tarea que corresponde a los poderes ejecutivos.

A pesar de que aumentaron las mujeres en cargos ejecutivos y en la Corte, las políticas públicas no contemplaron la especificidad de los problemas de las mujeres y el resultado fue la profundización de la inequidad. También se aprobaron leyes interesantes que no fueron implementadas, o solo en forma parcial.

Podemos decir que hoy prácticamente no quedan leyes o normas discriminatorias. Sin embargo estamos lejos de lograr la igualdad. Conseguimos eliminar las barreras formales pero faltan políticas y herramientas que permitan que las mujeres puedan hacer uso efectivo de esos derechos y generen las condiciones y oportunidades que les permitan desarrollarse en un pie de igualdad respecto de sus pares varones.

La igualdad en las leyes no implica por sí sola la igualdad de oportunidades en la vida cotidiana, tenemos que dar un paso más y pensar en “la igualdad de resultados”

Pero no se trata de sumarle una carga más a las mujeres pidiéndoles que se hagan cargo de resolver lo que padecen. Lograr estos propósitos necesita que el Estado y la sociedad en su conjunto se involucren en los cambios.

NECESITAMOS POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso específico de las mujeres, la mitad de la población, se ha vuelto una necesidad impostergable de los gobiernos (federales, estatales y municipales) el diseño de políticas que tomen en cuenta las condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que favorecen la discriminación femenina. Estas condicionantes no son causadas por la biología, sino por las ideas y prejuicios sociales, que están entretejidas en el género y son aprendidas socialmente.

Muchas políticas públicas fallan porque omiten en el diagnóstico la realidad diferente de las mujeres, al no desagregarlas del colectivo social al que van dirigidas. El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no genera por sí solo igualdad, en esas condiciones no hace otra cosa que profundizar las diferencias.

Además, es necesario reconocer que una sociedad desigual tiende a repetir la desigualdad en todas sus instituciones, públicas y privadas.

Pero no son solo políticas dirigidas directamente a las mujeres. En cada política o programa de todas las áreas del gobierno deben incluirse las preguntas: ¿las mujeres se benefician? ¿Tienen posibilidades reales de ejercicio? ¿Necesitan de un apoyo adicional? ¿Realmente mejoraron la calidad de vida de las mujeres y la equidad respecto de los varones?

Durante el gobierno kirchnerista las políticas públicas adolecieron de una mirada de género y el resultado es un marcado incremento de la desigualdad.

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS

¡VAMOS POR LA PARIDAD!

Mientras el mundo avanza las argentinas retrocedemos

En la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Ecuador se firmó el Consenso de Quito (2007). En esta ocasión no solo se respaldaron todos los acuerdos internacionales previos sino que también se avanzó en la necesidad de establecer la paridad entre los géneros.

En julio de 2010 el Consenso de Brasilia ratificó la vigencia, del Consenso de Quito y se reafirmó que la paridad es una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad que tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política, y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales.

Argentina, varias veces pionera en la incorporación de los derechos de las mujeres, fue firmante de ambos compromisos, que objetivamente no cumplió.

La paridad es un concepto que va más allá del concepto de igualdad y a su vez parte de él. La igualdad es un derecho, consagrado por la mayoría de las legislaciones occidentales, que sin embargo aparece limitado a su enunciado, al no verificarse en la vida cotidiana, sea laboral, política, familiar o social, ni a una convivencia entre hombres y mujeres como verdaderos pares.

La paridad es una igualdad de resultados, y debe ser activa, para garantizar la efectividad de los derechos y los medios de conciliación entre las actividades productivas y las reproductivas, estableciendo, por ejemplo, la obligación del Estado de promover un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, facilitando servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados.

La idea de paridad articulada a otros conceptos como el de igualdad real y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas públicas y privadas, promueven en su conjunto un esfuerzo por construir un nuevo modelo de convivencia, y cuyos dispositivos apuntan a deconstruir el sistema patriarcal que por siglos ha mantenido a las mujeres alejadas del espacio público.

La mejor política social para llegar a la paridad, es empoderar a las mujeres: no hay política de equidad e inclusión social más potente que el empoderamiento de las mujeres.

EMPODERAMIENTO INSTITUCIONAL

Los instrumentos para una política de paridad de género

La importancia que se le otorga a un tema en la agenda de un gobierno depende, más que de su enunciado, del poder institucional del área, del presupuesto que se le asigna y de la envergadura política de quien la conduce.

En función del rol que ocupan en la sociedad, todas las políticas públicas impactan de un modo diferente en hombres y mujeres, y por esa razón el nivel jerárquico de las/os ejecutores de las políticas de género debe permitir imponer cambios en las agendas de todos los ministerios y discutir con poder las asignaciones presupuestarias.

Sin embargo, el Consejo Nacional de la Mujer pasó de depender directamente de Presidencia de la Nación, a tener rango de Dirección en el Ministerio de Desarrollo Social, toda una definición. Nadie conoce ni el nombre ni la voz de la presidenta, aunque el Consejo tiene facultades previstas por ley.

Así, los avances fueron fragmentarios y dependieron de la voluntad política de otros poderes como la Corte, o de iniciativas de ministerios o gobiernos locales como fue observado en el 2010 por la CEDAW, el Comité perteneciente a Naciones Unidas, encargado de evaluar el cumplimiento de la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer. La CEDAW indica que nuestro país, a pesar de haberle otorgado rango constitucional a la Convención contra toda forma de discriminación hacia la mujer, aún no ha superado las deficiencias institucionales, ni subsanado los déficits estructurales del Consejo Nacional de la Mujer necesarios para preparar y aplicar políticas públicas eficaces.

Como resultado tenemos un femicidio cada 30 horas, la mortalidad materna sigue sin descender, se incrementó el embarazo adolescente, seguimos cobrando salarios casi un tercio inferior a los varones a igual trabajo y capacitación y la crianza sigue en manos de las mujeres sin un efectivo apoyo estatal para poner algunos ejemplos.

El Consejo Nacional de la Mujer debe recuperar el nivel institucional y un Observatorio de Género debe poder medir el impacto de las políticas públicas en las mujeres.

EL TRABAJO DIGNIFICA ¿SÓLO A LOS VARONES?

La paridad laboral

Según los indicadores de actividad económica elaborados por el INDEC, al año 2010 la tasa de actividad de mujeres rondaba entre un 40 y un 50% dependiendo si se trataba del Gran Buenos Aires o del interior de la provincia, contra un 70 a 77% en el caso de los varones. La misma brecha se observaba respecto de la tasa de empleo.

Según un estudio de la Fundación Mediterránea, en los últimos once años las mujeres jóvenes perdieron 9,6 puntos de participación laboral, mientras que los varones hicieron lo propio en 6,8 puntos “cuando se analiza este hecho sobre las mujeres jóvenes la evidencia es clara, una tendencia a la baja tanto en la tasa de actividad como de desempleo, lo que demuestra la progresiva exclusión (voluntaria o involuntaria) de este conjunto del mercado de trabajo”.

La tasa de inactividad femenina es uno de los indicadores laborales donde se registran más amplias brechas de género. El comportamiento de este indicador crítico le valió a nuestro país ser clasificado entre aquellos con mayor desigualdad de género en la participación económica, por The Global Gap Report, del World Economic Foro. Dicha disminución se debe a la retracción de la actividad extradoméstica de las mujeres de bajos niveles educativos  (cuya propensión a la participación económica varía mucho en función de la necesidad de aportar y/o completar los ingresos familiares y no en función de la realización de un oficio o profesión).

Abona esta interpretación, la disminución de la tasa de actividad de las mujeres más jóvenes (quienes aún se encuentran en edad de asistencia a instituciones educativas formales y que presumiblemente pueden continuar haciéndolo en la medida en que sus hogares no requieran de la complementariedad de su ingreso). Estas razones, junto con la implementación de la Asignación Universal por Hijo, contribuyeron probablemente a la importante retirada de la actividad que se observa entre las mujeres con mayor carga doméstica, quienes tienen tres y más hijos.

Según el informe Inequidades Laborales del CEMyT, “La limitación que implica la presencia de niños/as en el hogar para la participación laboral es sustancial. La participación de las mujeres disminuye a medida que aumenta la cantidad de hijos/as por el contrario, en el caso de los varones, su participación aumenta cuantos más hijos hay en la familia. Mientras que la brecha de participación entre mujeres y varones que no conviven con niños/as menores es del 27%, en el caso de los que conviven con más de un menor en el hogar aumenta al 53%. Si bien los espacios de cuidado están previstos en la Ley de Contrato de Trabajo (art. 179), nunca reglamentada, sostenemos que aún si se cumpliera no cubriría a las distintas modalidades de trabajo hoy presentes, y menos aún las situaciones de informalidad laboral, espacio en el que las mujeres están sobrerrepresentadas”.

Es posible entonces concluir al respecto que, en la medida en que no se implementen políticas que sostengan la activación económica de las mujeres con bajos niveles educativos y/o alta carga doméstica, las mejores condiciones del mercado de trabajo redundan, como es de esperar, en una relativa retirada de las mismas de estos espacios. Estas políticas atañen a la extensión de servicios de cuidado para niños y adultos mayores –tareas asumidas en mayor medida por las mujeres- pero también a la promoción de la diversificación de la demanda laboral para estas mujeres.

Mientras el salario horario promedio de varones y mujeres se acerca a la paridad, el salario mensual promedio de las mujeres resulta un 25% menor al de los varones.  En este punto, la desigualdad de ingresos se articula con aquellos factores ya comentados que hacen a las limitaciones en el acceso de las mujeres al mundo del trabajo extradoméstico.

Tenemos que incorporar a las mujeres a la capacitación y el trabajo porque el país subutiliza la mitad de su capacidad productiva, porque están en la cima del desempleo, de la precarización laboral y los trabajos menos calificados y porque una familia puede salir de la pobreza si en el hogar ingresan dos salarios. Además, las mujeres son las más pobres entre los pobres, y cada vez hay más familias monoparentales con mujeres jefas de hogar.

Hay que modificar la idea, (vinculada al estereotipo del rol reproductor) de que el trabajo no es tan importante para las mujeres como para los varones, y que las “mejores madres” son las que solo cuidan a sus hijos. Trabajar y/ o estudiar, además del salario, significa ampliar el capital cultural y social de ellas y de sus hijos, y ensanchar expectativas y horizontes, contribuyendo a cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza estructural. Además, la dependencia económica es un componente esencial de la violencia de género que siempre incluye a los niños.

Pero el cuidado de los hijos recae en sus madres. ¿Quién los cuida mientras ellas trabajan si no hay jardines maternales y si la legislación laboral no acompaña esta realidad?

Los pediatras insistimos en la importancia de 6 meses de lactancia materna y ¿la licencia por maternidad es de solo 3 meses?

Reclamamos incluir a los padres en el cuidado de los hijos pero ¿les negamos la posibilidad de hacerlo porque no pueden tomar licencia?

Los  “ni-ni” tienen cara de mujer

De los 566.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la Provincia de Buenos Aires, el 74% son mujeres, de las cuales un 41% son madres con hijos de entre 3 y 4 años.

Sin embargo, a la hora de efectuar recomendaciones y diseñar políticas destinadas a los jóvenes “ni-ni”, no se tiene en cuenta, que las causales del 74% de esos jóvenes, tienen que ver con cuestiones específicas del género.

Se han propuesto desde redes de tutores, exenciones impositivas a empresas que incorporen masivamente a los jóvenes, masificaciones crediticias para microemprendimientos, pasantías laborales mientras estudian, financiamiento del aprendizaje de oficios. ¿Tan difícil es entender que el 74% no puede acceder a ninguna de esas propuestas porque tiene que dedicarse a criar hijos?

La falta de perspectiva de género en la diagramación de las políticas públicas no hace otra cosa que profundizar más aún la brecha de género, y no soluciona ninguno de los indicadores sociales que necesitan intervención estatal, como en este caso el aumento de “ni-nis” que tienen una tasa de desocupación que duplica la de los adultos.

Pero las mujeres jóvenes, pertenecen a un segmento social cuyos problemas por lo menos están en la agenda pública. ¿Y las mujeres que ni trabajan ni estudian y ni son ya jóvenes?

La tasa de inactividad de las mujeres va de un 15,4% cuando tienen nivel universitario completo, para pasar a un 57,2% con secundario incompleto.

La tasa de actividad de varones con secundario incompleto es de 78% contra 42,8% de las mujeres, generando una brecha de género del -45%, la cual desciende al -32% en caso de secundario completo y del -13% cuando se llega al nivel universitario.

Esta misma brecha de género tiene también grandes variaciones cuando se compara varones y mujeres sin hijos, con un hijo y con más de un hijo.  La tasa de actividad de las mujeres disminuye con un hijo y vuelve a disminuir a mayor cantidad de hijos, generándose el efecto inverso en el caso de varones.

Si bien las cifras que más preocupan en relación al mercado laboral, son respecto de los jóvenes que no trabajan ni estudian, denominados “ni-ni”, lo cierto es que idéntica situación atraviesan la gran mayoría de las mujeres mayores.

Las mujeres mayores con bajo nivel educativo y sin experiencia laboral, no tienen rol productivo ni inserción laboral en la sociedad actual.

En una sociedad que enaltece valores estéticos de la juventud que estas mujeres ya perdieron, terminada la crianza de sus hijos, deben resignarse en la mayoría de los casos a criar nietos de hijas ni-ni, para continuar con la transferencia generacional desde mujeres que son y han sido “ni-nis” toda su vida.

Impulsar a las mujeres a la educación y el trabajo es un objetivo estratégico. Tenemos que  promover un sistema laboral que funcione en armonía con las necesidades de las mujeres, y proveer servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que todas las personas puedan desempeñar sus actividades laborales independientemente del género. También tendremos que modificar el régimen de licencias parentales con financiamiento estatal para que el aumento de los tiempos de licencia no sea un obstáculo al empleo femenino, e incluir a los padres posibilitando su participación en el cuidado de sus hijos, promoviendo así la paridad doméstica y laboral.

 

AUH

Con el actual diseño la AUH solo ataca la pobreza por ingresos e incrementa de brecha de género

La Asignación Universal por Hijo debe ser por ley y verdaderamente universal. La natalidad se posterga con mujeres educadas y con perspectivas de progreso.

Hace falta pensar las políticas públicas contemplando a las mujeres como tales y no solo como “madres” o corremos el riesgo de profundizar los estereotipos y la exclusión social.

La AUH, significó un enorme avance sobre la pobreza extrema pero, sin otros aditamentos, se limitó a mejorar la pobreza por ingresos sin atacar las formas más duras de la exclusión que incluyen otros determinantes sociales y culturales. Sus efectos natalistas (como los de todas las políticas que asignan recursos a embarazadas y madres) no se morigeraron por la mayor inclusión de las mujeres en la escuela y el trabajo, y en la práctica impusieron un piso de supervivencia que es a su vez el techo de las madres niñas (y muchas otras)  que son en el país alrededor de un 20 % de los partos, concentrados en las adolescentes más vulnerables y de madres cada vez más jóvenes.

Quizás el diseño de la AUH es un ejemplo de confundir mujeres con madres: Financiamos a las madres y profundizamos el estereotipo.

¿Cómo harían las madres de escasos recursos para trabajar y/o estudiar si no hay jardines maternales públicos?

Para qué trabajar si el salario de tareas de baja calificación, descontando los viáticos y el cuidado de los niños apenas supera la AUH? ¿Y si consiguen un trabajo en blanco dejan de cobrar?

Pareciera que nadie en este país se cuestiona las consecuencias de una medida que resultó incompleta y que hasta la CEDAW observó en su diseño.

Para ponerlo en números recientes: en el 2013 se registraron un total de 754.603 nacidos vivos, de los cuales el 27,35% de sus madres no finalizaron sus estudios primarios, el 48,87% no finalizó sus estudios secundarios, (resultando un total de 76,22% de madres que no pueden acceder prácticamente a ningún trabajo del mercado laboral formal), mientras solo el 12, 96% tiene un título universitario o terciario completo. 

Es decir, que el 76,22% de las mujeres que reciben la AUH, no mejorarán su situación de exclusión social, de la que los ingresos son solo una parte imprescindible, sino un piso-techo asistencial, que arrastrará a sus hijos a esa misma situación.

Aunque es motivo de otro debate, la AUH, así como funciona, no ha incrementado el nivel educativo ni la permanencia de los chicos en las escuelas.

La AUH debe ser por ley y en combinación con un programa integrado de primera infancia con perspectiva de género, conformar el tándem que ponga a las mujeres en un verdadero piso de igualdad, generándoles ahora sí las oportunidades para su desarrollo laboral, profesional y abrirles las puertas de la movilidad social ascendente.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE INCREMENTA AÑO TRAS AÑO

Las políticas contra la “inseguridad” no contemplan que a las mujeres las matan en sus casas 

La ley Nº 26.485 conceptualiza distintos tipos de violencia categorizándolas en: Violencia Física, Psicológica, Sexual, Económica y Patrimonial, y Simbólica.

Además la ley señala que según los distintos ámbitos en los cuales la violencia es ejercida, las modalidades son: Violencia Doméstica, Institucional, Laboral, contra la libertad reproductiva,  Obstétrica y Mediática.

En nuestro país mueren casi 300 mujeres al año en sus propios hogares, a causa de violencia de género. Sin embargo, la inseguridad es el tema del día. Hemos llegado a un punto de indiferencia tal respecto de la vida misma de las mujeres, que los femicidios están invisibilizados.

A las mujeres las matan en sus casas miembros de su entorno ¿Para qué les sirven cámaras, garitas, policía? Ni siquiera sabemos las estadísticas reales y hasta el gobierno utiliza las de una ONG.

Parecería que la violencia de género es un problema de las mujeres, más aún de las ONGs de mujeres. ¿Delegaríamos en la sociedad civil resolver una epidemia que produce más de 300 muertes anuales sin contar además el sufrimiento de las víctimas que sobreviven y sus hijos? Es un buen ejemplo de una política pública sin Perspectiva de Género y de cómo esta mirada debe atravesar todas las políticas.

Necesitamos políticas articuladas y recursos para erradicar la violencia de género, los delitos contra la libertad sexual y el abuso sexual infantil.

-la articulación necesaria entre todos los órganos estatales (PE, PL y PJ) y en sus distintos estamentos (Nacional, Provincial y Municipal) a fines de transversalizar y coordinar las políticas en materia de violencia de género y el seguimiento de todos los casos.

-la creación de hogares/refugios para mujeres y niños de mayor vulnerabilidad, y hogares de día a fines de lograr una protección integral y un fortalecimiento efectivo desde una perspectiva de género.

-la difusión de las causas y consecuencias de la violencia de género y el abuso sexual infantil y de los recursos y circuitos estatales a crearse por este Programa y de los ya existentes.

-la capacitación de personal policial y judicial que evite la revictimización de las mujeres promoviendo la detección temprana y los mecanismos de denuncia y protección

-la articulación de acciones con las provincias y los municipios a fines de desplegar la descentralización territorial e implementar acciones directas de proximidad, a través de equipos interdisciplinarios de contención y políticas de fortalecimiento familiar hasta la finalización del proceso de recuperación.

– creación cuerpos legales de patrocinio jurídico gratuito a cargo de profesionales especializados en la materia, tanto para las mujeres víctimas de violencia de género, como para los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios.

-la  adopción de los mecanismos tecnológicos disponibles para la efectiva prevención de las medidas de exclusión de hogar.

-la efectiva aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, comenzando por las de población más vulnerable, así como políticas de fortalecimiento e inclusión educativa de niñas y adolescentes.

-la centralización digital como modelador de procedimientos y protocolización de las acciones, y cuyos registros actúen a su vez, de manera articulada con las causas judiciales.

-la descentralización en los centros de atención primaria de salud, de la aplicación de los protocolos obligatorios de actuación del Ministerio de Salud de la Nación para los casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual.

-la capacitación obligatoria a efectores profesionales que trabajen con la temática de violencia de género, en las diferentes dependencias gubernamentales de todo el país.

Tenemos que cumplir con la Convención de Belém do Para y la Ley de violencia de género aplicando los recursos imprescindibles y otorgándole el nivel de prioridad que la gravedad del tema requiere, incluyendo figuras criminales complejas como la trata, el grooming, etc.

 

LA MORTALIDAD MATERNA NO DISMINUYE

300 mujeres mueren anualmente en nuestro país por causas relacionadas con el aborto inseguro, el embarazo, el parto y el puerperio.

Cabe destacar que nuestro país asumió el compromiso de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas[1] en el año 2000, por la cual se comprometió en su Objetivo 5° a mejorar la salud materna, reduciendo en un 75% la tasa de mortalidad materna y el acceso universal a la salud reproductiva para el año 2015.

Para el año 2015 solo se habrá logrado una reducción de la mortalidad materna del 18% en veinticinco años, en lugar del 75% comprometido ante los 193 Estados Miembros de la ONU.

Esas 300 defunciones maternas, son de mujeres jóvenes -en su mayoría sanas- cuyas muertes podrían evitarse. 

Gran parte de esas muertes tiene por causa abortos, más precisamente el 12% de la mortalidad materna es en nuestro país, producto de abortos por embarazos no deseados en adolescentes, muchos de los cuales están o deberían estar encuadrados en la ley de abortos no punibles.

Según un informe de Cippec sobre Inclusión de los Jóvenes,  “en la Argentina, a diferencia de lo que marcan las tendencias internacionales, hay un crecimiento de la tasa de maternidad adolescente. Mientras que en 2001 la tasa de fecundidad adolescente total era de 30,5 por cada mil mujeres de entre 10 y 19 años, en 2011 ese cálculo alcanzó el 35,3%. En 2012, el 12,3% de las mujeres de entre 15 y 19 años tenía un hijo o estaba embarazada del primero. La maternidad adolescente es especialmente alta en los más pobres y presenta una alta correlación con el bajo nivel de escolaridad, lo que evidencia una marcada desigualdad de oportunidades».

El aborto no es un método anticonceptivo y no hay mujer que haya pasado por un aborto, que no le haya dejado una marca en su vida emocional o psicológica, independientemente de su legalidad o no; por ello, para disminuir los abortos inseguros y la mortalidad materna no se trata de penalizar a las mujeres sino de aplicar la ley de ESI, de ampliar las causales de abortos no punibles y mejorar la inmediatez de la respuesta, despenalizar a la mujer para que se trate el post aborto y cumplir con la ley de salud reproductiva acercando los métodos a edades más bajas en consonancia con las edades de iniciación sexual actual y con el aumento de las tasas de embarazos adolescentes.

Otro aspecto relacionado con las muertes maternas, tiene que ver la falta de aplicación de la Ley de Parto Humanizado. En el año 2004 el Congreso Nacional sancionó esta ley, que rescatando el papel de la madre como protagonista del parto, enumera una serie de derechos. Ser informada sobre posibles intervenciones médicas y poder elegir entre ellas, ser tratada con respeto garantizando su intimidad, ser considerada una persona sana y “al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer” (en consonancia con la recomendación de la OMS acerca de limitar la tasa de cesáreas a un 10/15% del total de los nacimientos), en segundo lugar, “a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto”, y por último, a “tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales”.

Sin embargo, según la OMS, en Argentina el 35% de los partos son por cesárea y la cifra asciende a un 50/60% en los hospitales privados. Casi no existen maternidades públicas que permitan el ingreso  de acompañantes, ni existen condiciones de privacidad.

La Declaración de Ceará, sobre la humanización del parto del año 2002 establecía que: “El parto y nacimiento son el principio y punto de partida de la vida y son por ello, procesos que afectan al resto de la existencia humana. De ahí que la humanización del parto constituya una necesidad urgente y evidente. Por tanto, creemos firmemente que la aplicación de la humanización en los cuidados que se proveen al comienzo de la vida humana, será determinante y definitiva para las sociedades futuras.”.

Aunque parezca ridículo, las leyes están para cumplirse, ni la ley de salud reproductiva, ni la Ley de ESI ni la de Parto Humanizado son optativas o de cumplimiento parcial. Tampoco la de abortos no punibles, que debe aplicarse sin las restricciones actuales.

 

LA BRECHA ENTRE LAS MUJERES SE MULTIPLICA EN LOS NIÑOS.

Un programa integrado para la primera infancia con perspectiva de género

La idea de la paridad conlleva una mirada diferente en las políticas públicas para mujeres pero también respecto de los niños, que por lo menos por ahora, siguen el derrotero de sus madres.

Uno de los resultados es que las mujeres educadas tienen 2 hijos cerca de los 30 años y las de los sectores más vulnerables tienen 5 y empiezan en la adolescencia. Bonita brecha, casi una generación más, mujeres de primer mundo y del cuarto.

Pero peor es la brecha de los hijos, está muy estudiado que el nivel educativo de los niños está más vinculado a la familia que a la escuela. Nadie duda de la importancia de los primeros años de vida, momento en que se adquieren las competencias sociales básicas.  

Los hijos de las mujeres educadas y que trabajan van desde pequeños al Jardín e ingresan a la escuela con competencias sociales básicas, saben escribir y leer frases sencillas, ¿y los chicos de familias vulnerables? ¿Dónde compensan las carencias familiares?

La inserción temprana en educación preescolar beneficia a los chicos y les permite a las madres insertarse en el mundo del estudio y el trabajo.

Gran parte del incremento de la inversión pública en educación se destina a las nuevas universidades cuando los pibes de familias vulnerables repiten grados en la primaria y llegan a la secundaria con conocimientos de cuarto grado porque no completaron la lectoescritura comprensiva.

El desarrollo en la primera infancia es multidimensional y por lo tanto, en él confluyen factores biológicos, físicos, psíquicos y sociales, sobre los cuales es necesaria la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la infancia, para generar una red de apoyo que promueva el adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los 4 o 5 años de edad.

Muchos de los procesos formativos básicos de los seres humanos están fuertemente influidos por experiencias tempranas en la vida. Existe amplia evidencia acerca de que el impacto de los programas de apoyo a las competencias y capacidades de las personas dependen crucialmente de qué tan temprano se desarrollen. Parte importante del desarrollo económico y social de nuestro país depende de cómo se apoye a los niños y niñas en sus etapas tempranas.

Además del fuerte componente de salud, el programa estará destinado al 60% más vulnerable de la población nacional a través del acceso a ayudas técnicas a niños y niñas con discapacidad, del acceso gratuito a una sala cuna o modalidades equivalentes para los más pequeños y acceso gratuito a jardín de infantes con jornada extendida que permitan a las madres trabajar o estudiar, o con jornada simple para las madres que no trabajan fuera del hogar.

Para avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades, es imprescindible generar condiciones de desarrollo desde la primera infancia que es el período clave para sentar las bases del desarrollo posterior. 

Por ello es necesario, un programa integrado de primera infancia con perspectiva de género, que tenga como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan una vulnerabilidad mayor y que, simultáneamente, impulse y facilite la incorporación de sus madres a la educación y el trabajo.

La inversión de la próxima década debe privilegiar los jardines maternales y la educación preescolar. Así disminuimos la brecha entre las mujeres y también entre los chicos. Mucho más cuando viven en entornos de graves carencias y/o violentos.

 

LAS MUJERES AL PODER

La paridad política para avanzar en la paridad en la vida

Los sistemas de cupos, que significaron en su momento un gran avance, son conceptualmente medidas temporales que se mantienen entre tanto se logre el objetivo principal, que es la igualdad política entre hombres y mujeres.

La paridad, por el contrario, es una medida definitiva, que reformula la concepción del poder político redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre hombres y mujeres, y por ello incide en el resultado desde su propia concepción y no solo en la oferta electoral, como ocurre con las cuotas.

Tiene una significación más amplia, en virtud de la cual se trasciende lo estrictamente político para intentar subvertir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres al interior del hogar, tomando en cuenta que incluso en algunas de las sociedades más desarrolladas, en este espacio las mujeres siguen llevando el peso de las tareas familiares, y constituye la mayor barrera para el ejercicio de sus derechos políticos, pero también sociales y económicos.

Más de una década después de que se aprobara la paridad en Francia, son nueve los países de todo el mundo que han introducido en sus legislaciones electorales disposiciones que consagran la participación paritaria de hombres y mujeres en las listas.

En el continente africano, otros dos países han incorporado estas disposiciones: Senegal y Túnez, que incluyó esta medida para la elección de la Asamblea Constituyente encargada de redactar su nueva Constitución, tras la primera elección democrática ocurrida en ese país. Y, finalmente, en el caso latinoamericano, lo han hecho sucesivamente Ecuador, Bolivia, Costa Rica y, recientemente, Nicaragua, para cargos de elección popular.

No es necesariamente el paso siguiente a la adopción de cuotas, pero si algo tiene en común con las acciones afirmativas, es que muchos de los argumentos utilizados para oponerse a su aprobación han sido también esgrimidos por determinados sectores en los debates sobre la paridad, que curiosonamente son los mismos que se escuchaban contra el voto femenino y posteriormente del cupo, versiones aggiornadas del voto calificado.

Primero, la constante alusión a la meritocracia y la idea de que las mujeres serían elegidas por ser mujeres y no por sus capacidades, lo que niega el hecho de que, en nuestros país la paridad ya se está alcanzando en los niveles educativos, o que las mujeres tienen amplia experiencia en liderazgos sociales. Sin embargo, sus capacidades suelen ser infravaloradas y siempre se les exige una sobrecalificación que sería interesante demostrar en sus pares masculinos.

Y segundo, la libertad de los partidos para tomar sus decisiones y desarrollar su vida orgánica —y como parte de ello, preparar sus listas electorales—, argumento que, en el fondo, supone que aquellas organizaciones sobre las que se estructura la democracia representativa puedan tener licencia para exigir democracia en el sistema político, pero no aplicarla al interior de sus propias estructuras.

En el parlamento nacional una ley de paridad no tendría un gran impacto numérico. En el 2007 llegamos a tener un 40% de mujeres en el parlamento nacional y oscilamos alrededor del 37%, pero la idea de la paridad excede lo electoral.

La Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, incorporada a la CN reformada en el 94, menciona la participación de las mujeres en la política y la “igualdad real”, sinónimo de paridad.

En el art 37° dice que: La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizara por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral y en las disposición transitoria 2°  agrega que.-  Las acciones positivas a que alude el articulo 37 en su último párrafo no podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y duraran lo que la ley determine.

En el conjunto del país la situación es muy dispar, tres provincias han sancionado leyes de paridad pero en otras todavía convive el cupo con leyes de lemas o similares que impiden llegar al tercio de las bancas, y la peor situación es la de la Provincia de Buenos Aires en donde la ley es de “cupo neutro” que garantiza que las mujeres estén en el tercer lugar, y con la dispersión de listas y partidos, rara vez se llega al tercio en las bancas de los concejos deliberantes y en la Legislatura.

A diferencia de la cuota, que es una medida temporal de ajuste cuyo objetivo es reducir la subrepresentación de las mujeres en la política, la paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre mujeres y hombres. Para ello, necesitamos reformar la ley electoral nacional y las provinciales como hicieron las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro.

[1] http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf